En una votación reñida, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la controvertida reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 22 votos a favor y 17 en contra, los legisladores dieron luz verde a una serie de cambios que, de ser aprobados en su totalidad, transformarán radicalmente la estructura y funcionamiento del sistema judicial mexicano.
La reforma contempla, entre sus puntos más destacados, la elección directa de jueces, magistrados y ministros por parte de la ciudadanía. Este cambio propone democratizar la selección de altos funcionarios del Poder Judicial, aunque se prevé que estas elecciones se realicen en distintos momentos para cada cargo.
Otro de los elementos clave es la reducción en el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pasaría de 11 a 9, con un mandato de 12 años para cada uno. Además, la iniciativa contempla la creación de dos nuevos órganos regulatorios, destinados a administrar y supervisar el funcionamiento del sistema judicial y la propia Corte.
La reforma también incluye disposiciones para establecer plazos máximos para la resolución de conflictos judiciales, un intento de hacer más eficiente el proceso legal en el país.
El debate en torno a esta reforma ha generado posiciones encontradas, con defensores que la ven como un paso hacia una mayor participación ciudadana y transparencia, y críticos que alertan sobre los posibles riesgos de politización del Poder Judicial. La discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados está programada para iniciar el 1 de septiembre en la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, lo que anticipa un debate intenso y posiblemente polarizado en las próximas semanas.
