Con la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a punto de concluir y la inminente toma de posesión de la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo, el entorno político en Guanajuato está en ebullición. Uno de los focos de atención es el nombramiento del nuevo Fiscal General, un puesto que ha sido ocupado por Carlos Zamarripa durante 15 años. En este contexto, se ha avivado la especulación sobre la posible designación de Alberto Capella Ibarra.
Capella Ibarra, cuya experiencia en seguridad se extiende por diversos estados como Quintana Roo y Tijuana, quien ya está viendo cómo se allana el camino para su posible nombramiento.
La propuesta de reforma promovida por García Muñoz Ledo, que elimina los requisitos de residencia y origen para el Fiscal General, parece diseñarse para facilitar su incorporación al cargo. Capella, quien no tiene residencia tradicional en Guanajuato, ha estado estrechamente vinculado con el Consejo Consultivo Ciudadano para la Construcción de la Paz, creado por la gobernadora electa y con quien se le ha visto en diversos eventos.
La reforma, respaldada por la mayoría en la Junta de Gobierno del Congreso, plantea serias preguntas sobre el verdadero objetivo de la modificación. ¿Está esta medida orientada a satisfacer un interés específico en lugar de servir al bien común? La sincronización de la reforma con el perfil de Capella Ibarra y la falta de transparencia en el proceso suscitan preocupaciones legítimas sobre la equidad y la imparcialidad del nombramiento.
Es fundamental que el proceso de selección del nuevo Fiscal General se conduzca con la máxima transparencia y en un marco de justicia, para evitar que este tipo de maniobras erosionen la confianza pública en las instituciones y en la integridad del sistema de justicia en Guanajuato. La ciudadanía merece garantías de que el nuevo Fiscal será elegido con base en méritos y no en arreglos políticos que pueden comprometer la imparcialidad y la eficacia en la lucha contra la inseguridad.
